Echamos un vistazo fuera de España para ver qué medidas han puesto en marcha algunos de nuestros vecinos europeos en materia de alquiler.
París
Es una de las ciudades con el alquiler más caro en Europa y lleva años tratando de ponerle remedio. En 2014, el entonces presidente, François Hollande, promovió un primer intento por limitar las subidas con la entonces llamada Ley Alur. Aquel experimento fue suspendido en 2017 pero ha resultado ser el germen de la Ley Elan, el proyecto impulsado ahora por Emmanuel Macron que entró en vigor este verano.
Afecta a los nuevos contratos y a las futuras renovaciones. Las ciudades que quieran acogerse al nuevo decreto limitarán las subidas del alquiler a un 20% sobre un precio medio de referencia que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones. Además -y esta es la principal novedad-, se sancionará a los propietarios que incumplan la ley.
En principio, el experimento estará activo hasta 2023 y después, en función de sus resultados y su efectividad, se decidirá si continúa en vigor o no.
Lisboa
El país vecino ha impulsado la llamada Ley de Arrendamiento Accesible, que no limita los precios del alquiler de la vivienda, sino que facilita el acceso de las rentas más bajas a un alojamiento asequible. La norma define a qué tipo de alquileres puede acogerse cada persona o cada familia en función de sus rentas.
Se trata de un programa de adhesión voluntaria para propietarios e inquilinos, aplicable a nuevos contratos de arrendamiento y sus renovaciones que, a cambio, ofrece ventajas de distinta índole a unos y otros. Los arrendadores, por una parte, tienen garantizada una exención fiscal por las rentas que perciben mientras que los inquilinos tienen acceso a viviendas asequibles compatibles con sus ingresos.
Berlín
Ha sido una de las últimas iniciativas que se han puesto en marcha. Berlín se ha convertido en el primer estado federado en Alemania en aprobar por ley la congelación de los precios del alquiler durante los próximos cinco años.
La falta de viviendas en la capital germana y en otras ciudades cercanas ha auspiciado un pacto entre el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y el Die Linke para establecer la limitación e imponer, además, que a partir de 2022 los incrementos estén ligados al a inflación.
La oposición política y los empresarios con intereses en el sector han anunciado ya acciones para intentar revertir la norma, que está previsto que entre en vigor en 2020.
Viena
Es el caso más paradigmático, la aspiración de las ciudades acuciadas por las subidas de los alquileres. Sin embargo, el caso de la capital austriaca no se ha forjado de un día para otro, sino que es fruto de una trayectoria histórica vertebrada en torno a la fuerte presencia de la vivienda pública. El ayuntamiento es el principal casero de la urbe, de modo que no le hace falta establecer limitaciones específicas a los precios; basta con garantizar un parque de vivienda con precios máximos muy por debajo del mercado.
Las autoridades invierten cada año cientos de millones de euros en construir nuevas casas y rehabilitar las que están en peores condiciones para añadirlas a la cartera social. Además, establecen ayudas y subvenciones para decenas de miles de apartamentos gestionados por asociaciones privadas de renta limitada.
Roma
En Italia, los ayuntamientos pueden acogerse a la normativa nacional que establece que cada autoridad local debe fijar los precios máximos del alquiler de vivienda de acuerdo a unas condiciones específicas, normalmente negociadas con asociaciones locales de propietarios y representantes de los inquilinos. Para establecer el baremo de precios se tienen en cuenta las características del local, la ubicación, los servicios cercanos a la vivienda, las áreas verdes… En Roma, la medida se aplica desde 2004 ante el sucesivo encarecimiento del acceso a una vivienda.
Fuente: El Mundo